Un problema político de base

En la historia política de la República Argentina existe un hecho repetido de manera constante que habla mucho de nuestra singularidad frente a otros países: ningún partido político ha cumplido con el Plan de Gobierno presentado en ocasión de la campaña.

En resumidas cuentas, el ciudadano argentino ha votado siempre promesas que no se cumplieron. Y lo peor es que son siempre las mismas y ya ni siquiera esperamos que las lleven adelante.

“Un Estado como el que ansiamos tener, como el que vamos a tener, exige una administración pública eficiente, transparente y responsable. Para lograrlo, vamos a reforzar y fortalecer los mecanismos de control y los abriremos a la fiscalización y participación de la sociedad organizada”.

Así definía Néstor Kirchner la base de su plataforma en 2003, un documento confeccionado con aportes de 8.000 profesionales de distintas áreas, resumiendo de manera impresa las aspiraciones fundacionales del kirchnerismo.

Con  títulos como: “Hacia el fin de la impunidad”, “Gasto público transparente”, “Rendición de cuentas” y “Control Ciudadano”, se encantó a la población con frases mágicas tales como el “fortalecimiento de los organismos de control”. Lamentablemente ese mismo Gobierno desactivó los mecanismos que revisan cómo se utiliza el dinero de los contribuyentes, desoyó las advertencias emitidas por esas oficinas, descabezó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y casi logra hacer lo mismo con la Auditoría General de la Nación.

El plan anticorrupción kirchnerista prometía “Impulsar una mayor coordinación y colaboración” entre los organismos de control.

Desde hace tres años y medio,  la Sindicatura no sube ningún trabajo a la web, trabajos que servían a periodistas para realizar notas sobre el funcionamiento del Estado y a los ciudadanos como herramientas de monitoreo. Se incumple así otro de los mandamientos de la plataforma electoral de Néstor Kirchner, que prometía transparencia del gasto público y publicidad de lo actuado.
 

La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, clave para investigar la corrupción gubernamental, está paralizada y sin jefe desde 2009. El último fiscal a cargo, Manuel Garrido, renunció en marzo de ese año por un recorte de funciones, que le impedían investigar al kirchnerismo.

“Afectaron todos los organismos de control. La Fiscalía está vacante; la Oficina Anticorrupción está en estado de debilidad total y es un apéndice del Poder Ejecutivo; nunca se dictó una ley para adecuar el funcionamiento de la Auditoría General a la reforma constitucional, pese a las observaciones de la OEA y a un proyecto que presenté, tiene estado parlamentario, pero el oficialismo traba en el Congreso”, advierte Garrido.

El “Plan de Gobierno” del candidato santacruceño en 2003 prometía la sanción de una ley de “Gestión de intereses o lobby”, pero “nunca el Gobierno impulsó algo así: los proyectos son de legisladores de la oposición y no avanzaron. Los funcionarios ni siquiera cumplen con el decreto que les ordena publicar en Internet su agenda oficial actualizada, una medida que apunta al control del lobby”.

El plan kirchnerista,  prometía alentar la “acción penal en casos de corrupción” y elaborar “mecanismos para mejorar la eficiencia en la tramitación de las causas por delitos contra la administración pública”, algo que, por lo visto en la acordada del máximo tribunal, tampoco se cumplió.

La promesa de ampliar la transparencia de la gestión se enfrenta también a una resolución del Ministerio de Justicia,  que convirtió en reservada información patrimonial de los familiares directos de los funcionarios que, hasta entonces, era de acceso público. Son datos clave para determinar la evolución de la riqueza de las personas que pasan por la función pública.

Éste es el mayor contrasentido, de todos ya que choca con la lectura de otra promesa K: “Impulso, sanción y efectiva implementación de normas que favorezcan la participación de la sociedad civil en el control de la gestión pública. Por ejemplo, una Ley de Acceso a la Información”.

Néstor Kirchner sólo sancionó un decreto para que los organismos del Estado contesten las preguntas que le acercan los ciudadanos. Y Cristina Kirchner nunca permitió que una ley así avanzara en el Congreso.

Cuando escucho a los nuevos candidatos a lo que sea, retozando entre promesas de solución para temas tan importantes como la inflación, la desocupación, la inseguridad, la falta de justicia en tiempo, el clientelismo, la liberación del cambio, y cientos de problemas que requieren de atención y solución, noto que tan solo Kirchner y sus 8.000 profesionales en plan de gobierno transversal habían dado en la tecla de las soluciones.

Detrás de cualquier problema que tenga un país , cualquiera que este sea, se encuentra la corrupción. La hay en España, Brasil, Alemania, EEUU o Tanzania. El éxito de cada país radica en la forma en que la combate y las herramientas de control de que disponga.

Cuando existe la fórmula IMPUNIDAD + CORRUPCIÓN no hay forma de obtener un buen resultado. Y cuando la corrupción se convierte en un hecho aceptado por las mayorías como un problema imposible de solucionar y hasta cierto punto aceptable, estamos al borde de la dilapidación de una sociedad como tal, pues entran a regir las leyes de la jungla o del más poderoso.

La devolución de los controles del gasto público a la oposición, la discución seria de los presupuestos nacionales, la regulación de la emisión monetaria y el acceso a la infomación patrimonial de los funcionarios y sus familiares directos y asociados, son requisitos de transparencia que deben ir de la mano de condenas que apliquen todo el peso de la ley y eviten los pactos de impunidad entre un presidente saliente y el que asumirá su mandato.

Atacando las enfermedades desde la raíz es como se podrá obtener una buena cosecha.

Taluego.

Consultamos y copiamos parcialmente a :
http://www.clarin.com/zona/plan-perdido-kirchnerismo-combatir-corrupcion_0_1001899901.html